Comunicado conjunto de la Sociedad Rural de Rafaela y el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región.
El marcado contraste entre el costo de la Legislatura santafesina y la de Córdoba reabre un debate clave: revisar el gasto público con rigor técnico y visión de desarrollo para generar alivios fiscales concretos y reducir el “costo argentino”.
Todas las organizaciones, desde las más pequeñas a las más grandes; las que importan, exportan u operan en el mercado interno; las de industria, comercio, servicios, del sector agropecuario o de la construcción; las de acá y las de origen extranjero… todas revisan sus costos, buscan optimizar procesos y exploran alternativas para ser lo más eficientes posible, porque es la única manera de proyectar su supervivencia (y aun así, ninguna la tiene garantizada).
Desde esa misma lógica —sin prejuicios ni consignas— resulta legítimo y necesario abrir un debate similar en el ámbito del Estado, particularmente al analizar los números del Presupuesto Provincial 2026.
En ese marco, surge un dato difícil de ignorar: la actividad legislativa de la provincia de Santa Fe costará casi cuatro veces más que la de Córdoba. Para 2026, Santa Fe prevé destinar $191.812.813.000, frente a $54.768.139.000 en Córdoba. La diferencia alcanza los $137.044.674.000, con una relación de 3,55 a 1.
La pregunta es inevitable: ¿estamos en condiciones de afrontar esta diferencia? Más aún cuando ambas provincias cuentan con una cantidad prácticamente equivalente de legisladores: 70 en Córdoba y 69 en Santa Fe. Es decir, un legislador más, pero con un costo total sensiblemente menor.
El análisis por legislador profundiza el contraste. En Córdoba, tendrán un costo promedio de $782.401.985, mientras que en Santa Fe el gasto medio asciende a $2.779.895.840. Dentro de ese promedio, cada diputado santafesino costará $2.255.677.260 y cada senador $4.159.418.421.
No se cuestiona la importancia institucional y democrática de la labor legislativa. La discusión pasa por la eficiencia, proporcionalidad y racionalidad del gasto, especialmente en un contexto económico complejo y con fuertes demandas sobre el sector productivo.
El análisis se vuelve aún más relevante al observar otras decisiones fiscales recientes. La devolución de más de $3.200 millones en saldos a favor de Ingresos Brutos representa apenas el 0,21% de lo recaudado por ese tributo entre enero y agosto de 2025, período en el que la provincia recaudó $1,55 billones. Ese monto es incluso inferior al costo anual promedio de un solo senador santafesino. Si la Legislatura de Santa Fe tuviera un presupuesto similar al de Córdoba, esas devoluciones podrían multiplicarse por 42. No es una comparación caprichosa, sino una forma concreta de dimensionar prioridades fiscales y márgenes de mejora posibles.
Reconocemos las medidas de alivio fiscal anunciadas por el Gobierno provincial y la importancia relativa de Ingresos Brutos para las finanzas santafesinas. Sin embargo, creemos que ese esfuerzo puede —y debe— ser mayor.
El costo de la Legislatura resulta un caso más visible, sencillo de evaluar y fácil de comparar con otras provincias, pero la realidad indica que en prácticamente todas las áreas del Estado existen oportunidades de mejora en este sentido. Es así que se torna impostergable una revisión integral, técnica y profunda del gasto público que debería traducirse en alivios fiscales relevantes, capaces de impactar de manera directa en el denominado “costo argentino”, uno de los principales factores que erosionan la competitividad, desalientan la inversión y encarecen los precios.
Vale aclarar que entendemos que este proceso debe encararse con visión de desarrollo y que la mera búsqueda de eficiencia no se transforme en medidas que debiliten al Estado en sus funciones esenciales. Por el contrario, creemos que eliminar ineficiencias, gastos innecesarios y burocracias injustificadas permitirá liberar recursos no sólo para aliviar la carga tributaria, sino también para fortalecer aquellas áreas que generan desarrollo, productividad y equidad.
Abrir este debate no es ir contra las instituciones: es fortalecerlas, alineando la gestión pública con una visión de desarrollo sostenible, competitividad territorial y bienestar social de largo plazo.
