La fábrica Pauny, con sede en Las Varillas, Córdoba, tiene problemas económicos evidenciados por 146 cheques rechazados por un total de 1.028,4 millones de pesos en la Central de Deudores del BCRA. La compañía —que tradicionalmente afirma fabricar seis de cada diez tractores que circulan en Argentina— enfrenta serios problemas de capital de trabajo a pesar de conservar pedidos en cartera, lo que mantiene en vilo sus operaciones y la preservación de sus 450 empleados directos.

El trasfondo de esta debacle responde fundamentalmente a factores macroeconómicos y sectoriales, destacados por la apertura de importaciones que facilitó el ingreso masivo de maquinaria de origen chino a precios muy competitivos que la industria local no logra igualar. Esto se suma a una retracción general del mercado agrícola nacional, reflejada en los datos de ACARA, donde el patentamiento de tractores experimentó fuertes caídas interanuales y mensuales, golpeando directamente los volúmenes de producción de la firma cordobesa.

Ante este panorama, la planta opera bajo un procedimiento preventivo de crisis acordado con los trabajadores y el gobierno provincial, funcionando únicamente tres días a la semana y abonando el 70% de los haberes, mientras se arrastra una deuda salarial acumulada desde septiembre y la falta de aportes patronales. La tensión escaló recientemente cuando un comunicado interno dispensó al personal de asistir a trabajar, medida que los operarios desatendieron presentándose con normalidad ante la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Para evitar un desenlace mayor, los directivos evalúan distintas alternativas de salvataje que van desde la inyección de capital externo y la incorporación de un grupo inversor respaldado por gestiones del gobierno provincial, hasta la posibilidad de un concurso preventivo o una venta parcial de la empresa. Por el momento no se han registrado despidos formales, pero la continuidad del esquema reducido y el retraso en los pagos mantienen en máxima alerta el futuro de la planta y de sus 450 familias trabajadoras.

La irrupción masiva de tractores y maquinaria de origen chino en el mercado argentino ha generado una profunda transformación estructural y un fuerte debate en el sector industrial, afectando de manera dispar tanto a los fabricantes nacionales como a las terminales multinacionales instaladas en el país.