Como todo 15 de septiembre el Poder Ejecutivo envió el proyecto de ley de Presupuesto al Congreso Nacional como dicta la ley N° 24.156 de Administración Financiera. En el proyecto se estima un crecimiento del 2,5% anual, una inflación de 70% y un déficit fiscal primario del 0,9% del PBI conforme con lo planteado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Vinculado a la divisa estadounidense, se proyecta un dólar a diciembre de 2024 de $600. Recuérdese que desde el Ministerio de Economía se espera un dólar -oficial- a $350 hasta el 15 de noviembre de 2023 y que después retornaría la devaluación administrada, cerrando el año a $367.
Recursos para el gro
Se revisan los recursos destinados a las diversas actividades y fondos dirigidos a programas para el desarrollo de la Agrobioindustria se observan aumentos nominales en casi todas las líneas, sin dudas por el aumento de precios que este año cerrará en más 110% contra un 60% que se estimó en la ley de presupuesto aprobada el año pasado.
Un incremento para el agro es el establecido para las políticas para la gestión del riesgo agropecuario -comúnmente llamada Emergencia Agropecuaria– que pasaría de 18.000 a 44.000 millones de pesos. Cabe remarcar que este punto llegó con demora a la sequía sufrida por el fenómeno de La Niña.
Otras partidas relevantes para el agro son las destinadas al apoyo a la actividad ganadera y al incremento de productividad en las cadenas agroindustriales sostenibles que solamente suben alrededor de un 10% comparado con el anterior presupuesto.
Los organismos descentralizados también presentan actualizaciones en sus ingresos, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -INTA– recibiría un monto casi 3 veces mayor al actual pasando de unos 45.000 a 123.000 millones de pesos. Caso similar ocurre con SENASA, que duplicaría su cartera de 39.000 a 89.000 millones de pesos.
Por otro lado, el Instituto Nacional de Semillas -INASE- encargado de regular el uso eficiente de semillas y proteger la propiedad de las creaciones fitogenéticas, también duplicaría sus recursos de 2.000 a 5.000 millones de pesos. En igual situación, se encuentra el organismo que fomenta la eficiencia en la actividad vitivinícola, Instituto Nacional de Vitivinicultura, que pasaría a contar con 7 mil millones de pesos, contra los 2,5 mil millones del presupuesto actual.
Los aumentos comparados del 2023 al 2024 son menores de los que se intuyen al contemplar la inflación real en ese mismo periodo.
Alerta para el agro
Desde el Ministerio de Economía incluyeron en el proyecto presupuestario un párrafo destinado “promover el análisis y discusión parlamentaria de los gastos tributarios y de otros beneficios impositivos con impacto presupuestario en pos de dar sostenibilidad al sendero fiscal de la República”.
En uno de los anexos se detallan todos esos rubros a identificar para ser rebajados, entre los que se mencionan: las exenciones al pago del impuesto a las Ganancias para los jueces, el régimen especial de la provincia de Tierra del Fuego y la exención de inmuebles rurales en el impuesto sobre los Bienes Personales que representa un 0,48% del PIB. La justificación de esto es porque dichas exenciones generan pérdidas de recaudación de un poco más del 5% del PBI y, tras el telón de la ley, porque se necesita compensar la pérdida de recaudación que originarán las recientes medidas de compensación a determinados sectores de trabajadores, jubilados y monotributistas.
Es importante recordar que los inmuebles rurales están alcanzados por el impuesto inmobiliario provincial y que también tributan por la red vial. Los inmuebles rurales se encuentran incorporados dentro de un proceso económico, por lo que quedan fuera del alcance del espíritu recaudatorio del impuesto a los bienes personales. Nuevamente avalar una triple imposición es un ataque directo al desarrollo federal del país.
Un ojo en la siembra y otro en el debate presupuestario
Pareciera que el presupuesto para la administración pública que ingresó al Congreso este año no tiene incluidas las facultades delegadas que proponen que el Poder Ejecutivo Nacional pudiera modificar alícuotas de los derechos de exportación. De esta manera los productores podrán dedicar sus dos ojos a mirar el cielo esperando a los nubarrones de lluvia prometidos por el Niño.
Sin embargo, el debate presupuestario y posterior aprobación se demoraría hasta la asunción de nuevas autoridades ejecutivas y legislativas por lo que habrá que estar atentos a los pedidos que haga el sucesor de Alberto Fernández para la gestión y manejo de su gobierno en una compleja situación económica, inflacionaria y social.
