El caso Vicentin generó repercusiones inusitadas, en medio de una extensa cuarentena y el avance del virus. La decisión del Gobierno nacional de expropiar la empresa y todos sus activos, rápidamente provocó la disconformidad total de muchos ciudadanos y prácticamete todo el arco empresarial. El sector agropecuario también se expidió con comunicados contundentes de las principales entidades e instituciones.
Las reacciones fueron multiplicándose en varios puntos del territorio nacional, con marchas y protestas “en defensa de la República”. Las distintas postales en el interior productivo pusieron sobre la mesa el recuerdo de la “Resolución 125”, que terminó en un conflicto histórico e inolvidable entre el sector agropecuario y el Gobierno de ese entonces. Pero, ¿existe algún punto en común entre ambos casos?
En ese sentido, el vicepresidente de CRA Rubén Ferrero, fue categórico: “si tengo que buscar un elemento como para unir las dos situaciones es el puntapié inicial que da el Gobierno para un enfrentamiento con un sector y con una parte de la sociedad que piensa de manera distinta”. Y agregó: “en ese entonces uno encontraba personas que buscaban ponerle un freno a un forma de gobernar; y ahora se vio lo mismo porque los argentinos todavía tenemos valores y creemos en una democracia que respete la división de poderes”.
En diálogo con el programa radial ADN Rural, el dirigente reconoció que “la gente reacción ante la falta de institucionalidad” porque el término “expropiación” genera preocupación y temor. “Cuando hablo de institucionalidad me refiero a la intromisión de un poder sobre otro y es lo que estamos atravesando desde hace unos meses a esta parte porque la pandemia paralizó el país y el mundo pero no la idea del Gobierno nacional de ir sobre otros sectores”, aseguró.
“Es inconstitucional”
Además de estar ligado a la producción agropecuaria, Ferrero también tiene relación con el mundo del Derecho teniendo en cuenta que ejerce la abogacía desde hace años. Específicamente en lo jurídico, hay un proceso concursal iniciado “que por la magnitud de la deuda y la cantidad de acreedores, hay tres síndicos y un juez actuando”.
Por eso, indicó que “lo lógico y lo que marca el sistema jurídico argentino es que se continúe ese proceso o se utilicen las herramientas que la misma ley brinda dentro del proceso, pero no una intervención y automáticamente un proyecto de expropiación que no solo va contra la empresa concursada, sino que también en los considerandos la idea era ir contra todo el grupo”.
Y explicó: “no se dan los elementos necesarios para que se lleve adelante una intervención y/o expropiación; se trata de una acción totalmente inconstitucional y si la justicia actúa como debe, a futuro debería dictaminar eso”
Por último, puso la lupa sobre los legisladores que en este contexto, al igual que durante “la 125”, tendrán un rol determinante. “La intervención se llevó adelante, pero el proyecto de expropiación se debatirá en el Congreso y allí el Gobierno necesitará una mayoría calificada, con lo cual la oposición debería estar a la altura de las circunstancias y no permitir este avasallamiento”.
