Esta afirmación corresponde al Ing. Agr. Sebastián Gómez, supervisor técnico del Área de Registros de Productos Fitosanitarios y Fertilizantes Biológicos del Senasa, en referencia a la judicialización de la normativa vinculada al sector productivo. El criterio científico es el que debe primar para atender los cuestionamientos que surgen en localidades como Rafaela.
El martes 28 de febrero el Juzgado Civil de la 2º Nominación en los Tribunales de la ciudad de Rafaela se llevará a cabo una audiencia pública para atender el pedido de un grupo de ambientalistas en su “pretensión de nulidad del art.4 de la Ordenanza 5.331 que dispone: Fíjese un cinturón ecológico determinado por la superficie adyacente al área de seguridad, con un ancho de 150 metros, según la demarcación establecida en el plano adjunto a esta Ordenanza como Anexo I, hasta Enero de 2025 y a partir de esta fecha el Departamento Ejecutivo Municipal podrá ampliar el ancho por Decreto hasta otros 250 metros, ad referéndum de un dictamen elaborado por una comisión especial creada en el artículo 47°”.
Además se cuestiona “el término de 50 metros (del art. 3 de la precitada ordenanza); disponiéndose en su lugar el término 200 metros”.
Concretamente lo que se definió en la normativa actualizada en diciembre de 2021 fue conservar una distancia de protección a la población respecto a los productos de síntesis química en los 200 metros, pero incorporando la opción de aplicación de productos orgánicos o biológicos a partir de los 50 metros.
Esta situación no se contrapone con el pedido de un grupo de ambientalistas y vecinos en el hecho de promover la agroecología, ya que la producción en este sentido se vale de estos productos que están en la naturaleza, a través de moléculas como los extractos vegetales, metabolitos producidos por bio organismos, sustancias bioquímicas, con géneros y especies provenientes de un hongo, bacterias o virus.
En una ciudad dónde no hay denuncias de mala praxis por parte de productores o profesionales al momento de hacer las aplicaciones de fitosanitarios, pero en la que se intentó exaltar una problemática que no se da en la manera en la que se planteó -con términos utilizados de manera inexacta para referirse al tema- la consulta de la Justicia se orienta a entender el alcance del pedido de la comunidad y la posición del Ejecutivo y Legislativo para poder conservar la producción en la ciudad de Rafaela.
La semana anterior se llevó a cabo en Venado Tuerto el Segundo Encuentro sobre “Producción con Biológicos”, en la que se actualizaron datos sectoriales, pero también necesidades para agilizar el análisis y habilitación de productos para este segmento productivo. Quedó de manifiesto que hay muchísimos avances científicos, gran inversión y que se tiende a mejorar el vínculo entre la ciudad y el campo sin anular la productividad, complementando productos tradicionales.
En Argentina hay 942 registros de productos biológicos por parte del Servicio Nacional de Seguridad Agroalimentaria, incluyendo fitosanitarios, fertilizantes y enmiendas, que corresponden a 158 empresas diferentes.
La mayoría están elaborados en base a bacterias, seguidos por los que tienen origen en hongos, destinados a cultivos de soja, principalmente, mientras que las leguminosas como maní, vicia, lenteja, arveja y garbanzo, son las que siguen en un listado de destino que se completa con los cereales como trigo y maíz, finalmente con forrajes como alfalfa y trébol.
En los cultivos nacionales, el 38 por ciento utilizan sólo fitosanitarios de síntesis química, el 29 por ciento un caldo compuesto por fertilizantes químicos y orgánicos, el 17 por ciento son enmiendas orgánicas, mientras que en el 13 por ciento utilizan fertilizantes orgánicos, quedando el porcentaje restante para enmiendas biológicas.
Según un relevamiento nacional de Research and Markets, en nuestro país los insumos biológicos generaron un movimiento productivo estimado en U$S 10.600 millones en 2021, con una tasa de crecimiento anual compuesta prevista del 11,9 por ciento para los próximos cinco años para llegar a la cifra de U$S 18.500 millones en 2026.
Cabe destacar que en nuestro país ya está disponible el sello “Bioproducto Argentino”, una distinción oficial que otorga la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a los biomateriales y bioproductos de la industria nacional, que estén elaborados con materias primas renovables provenientes del sector agroindustrial, que se destaquen por su innovación y aporte a la sostenibilidad.
Del mismo modo existen certificaciones y sellos orgánicos, entre otros, por lo tanto los organismos dedicados a la asesoría y control de producciones funcionan, trabajan y consiguen validaciones internacionales que le permiten al país homologar legislaciones y abrir mercados.
En Venado Tuerto estuvo el Ing. Agr. Sebastián Gómez, que tiene una especialidad en Seguridad Alimentaria y actualmente es supervisor técnico del Área de Registros de Productos Fitosanitarios y Fertilizantes Biológicos del Senasa. A partir de una consulta realizada por representantes del grupo Productores Unidos de Rafaela, señaló aspectos importantes a la hora de encontrar definiciones judiciales en temas vinculados a especialidades científicas.
“Hay que apoyarse en los ingenieros agrónomos, en el Senasa, en los organismos técnicos, hay que basarse en las normas”, para generar cualquier tipo de definición.
“Los municipios tienen la responsabilidad del ordenamiento en su territorio, pero eso tiene que ver con la fundamentación técnica, ya que en el caso de los fitosanitarios, todos están evaluados por Senasa, en base a normativa nacional e internacional, que incluso permiten que en otros países las aplicaciones se hagan a metros de las viviendas, siempre en base al buen criterio de las prácticas y con controles”.
El especialista que está trabajando en la definición de la nueva normativa para la aprobación y registro de productos biológicos y orgánicos de Senasa, que se abriría a consulta pública desde finales de marzo y durante dos meses, considera que “en los últimos años son más los abogados que los ingenieros agrónomos los que vienen hablando de los productos fitosanitarios, por lo tanto se demuestra que hemos perdido espacio en la discusión pública, esto incluye también a veterinarios y a biotecnólogos, entre otros, que somos los que tenemos la gran responsabilidad de cuidar el ambiente”.
Gómez subraya que “lo que ha sucedido es que los jueces entienden más los panfletos, que las razones técnicas y la necesidad del uso de estos productos, entonces muchas veces se da vuelta todo y ponernos a los profesionales y a los productores del lado de los malos”.
Lo que el funcionario enfatiza es que en decisiones productivas tiene que tener un mayor peso la valoración que hagan quienes conocen técnica y científicamente el tema, para poder evaluar realmente el impacto de las medidas.
En casos como el de Rafaela donde están sentadas las instancias de aprobación y control desde hace años y que se incrementaron a partir de la sanción de la nueva Ordenanza, con presencia municipal en cada una de las aplicaciones, con los productos correspondientes, no debería mediar conflicto para tender a una modificación de las normas.
Lo que la Ordenanza votada hace poco más de un año entiende es que el uso de productos orgánicos y biológicos está en línea con la necesidad de generar materias primas y alimentos de una mejor manera, respondiendo a las demandas de la comunidad y promoviendo prácticas agroecológicas, tal como se solicita por parte de quienes quieren dejarla sin efecto.
Es llamativa la intención de peticionar la anulación de la producción agropecuaria en la ciudad de Rafaela y toda su zona rural.
No se puede escindir la relevancia de la calidad del suelo en la ciudad, pero a la vez del valor de los lotes con fines urbanos y la importancia en este aspecto del periurbano local.
La ciudad tiene en su contorno unas 4.500 hectáreas que hoy están en producción controlada, donde 25 unidades productivas, entre las que se encuentran cinco tambos, dan trabajo directo a muchas familias y proveedores de servicios que son los que han colaborado con el desarrollo de esta zona de la provincia como la insignia del progreso productivo e industrial.
Si no se considera a la ciencia y a los organismos que se encargan de su evaluación y control para determinar la legislación, Rafaela puede caer en una marea de sensaciones para normar cualquier tipo de actividad, alejándose de los criterios reales para la convivencia del total de la comunidad.
