Clamor de las rurales santafesinas por la inseguridad

Desde hace varios años, la inseguridad rural es uno de los factores que preocupa a los productores santafesinos y genera acciones por parte de CARSFE, la entidad que agrupa a las rurales de la provincia.
La continua sucesión de hechos delictivos que se verifican en toda la extensión de la provincia de Santa Fe motivó a las autoridades de la institución a crear en 2017 una comisión de seguridad rural que impulsó iniciativas de diálogo y la generación de herramientas específicas con autoridades estatales y responsables de organismos oficiales.
Así fue que, tras un diagnóstico de la situación, durante 2018 se convino con los ministerios de Seguridad y de la Producción de la provincia, iniciar un trabajo en conjunto con el objetivo de cooperar y colaborar en la construcción de un mapa del delito rural, promover y gestionar alternativas de prevención policial y lograr la persecución penal de quienes cometen ilícitos. Todo se oficializó a través del Decreto 2333/2018 con la creación de la «Mesa de trabajo para el abordaje integral del delito rural».
A partir de ese impulso, se fueron desarrollando reuniones en distintas sociedades rurales de toda la provincia, para generar respuestas locales a las necesidades planteadas y coordinar acciones de rápida respuesta ante la ocurrencia de hechos delictivos.
Pasado el tiempo, desde CARSFE observan con preocupación que el impulso inicial se fue agotando. «Los graves problemas de seguridad del sector urbano, especialmente Rosario y Santa Fe han absorbido gran parte de la gestión del sistema de seguridad, por otro lado, el delito muta a las áreas donde aparece un negocio, en ese sentido, nuestro sector se encuentra vulnerable y desprotegido sobre todo porque cualquier insumo justifica su robo (por su valor y/o escasez) y la creación de un canal comercial paralelo», indicaron.
La dirección de seguridad rural «Los Pumas», más allá de la buena voluntad y el esfuerzo individual de sus agentes, «lejos de perfeccionar la seguridad preventiva y de rápida respuesta, ven mermados sus recursos por la desafectación del personal y vehículos a otras tareas vinculadas a la seguridad urbana, sin contar la necesidad de equilibrar los presupuestos asignados respecto de otras fuerzas policiales, con escasos recursos humanos para custodiar y prevenir el delito en 13 millones de hectáreas».

La justicia, en la mira
Desde CARSFE también han apuntado contra la gestión de las fiscalías, que si bien iniciaron pruebas pilotos en el centro -norte provincial asignando fiscales parcialmente dedicados a los delitos rurales, «lejos está de satisfacer la demanda creciente y se siguen abordando una multiplicidad y complejidad de delitos que les impide desempeñarse con criterios ágiles y efectivos para generar respuestas contundentes». Mucho menos aún para actuar en la coordinación real con las fuerzas de seguridad específicas y en relación con las comunidades involucradas.
Las consecuencias son varias: inseguridad física de las personas que viven y trabajan en el campo, pérdida de bienes y de capital, caída de puestos de trabajo, faena clandestina que puede derivar en problemas sanitarios y bromatológicos, comercialización de bienes sin el correspondiente pago de los impuestos relacionados, etc. Son demasiadas cosas que inciden negativamente en la gente que sueña, se capacita, trabaja, invierte y arriesga para generar crecimiento y desarrollo.

Reclamos concretos
La entidad remarcó la necesidad de prevenir el delito y para ello consideran clave reforzar la guardia rural, equiparla y modernizarla a través de la incorporación de tecnología para hacer más efectiva su labor.
Del mismo modo, «necesitamos una persecución penal efectiva a través de fiscales especializados en delitos rurales y que el poder judicial haga su trabajo, como corresponde, condene a los delincuentes y termine con la puerta giratoria».
Por eso, concluyeron: «necesitamos que todos los actores involucrados retomen la tarea y cumplan con los compromisos asumidos, los formales y los no escritos, que se garanticen los derechos a trabajar e invertir. Que se vuelvan a generar las condiciones para coordinar tareas entre los productores, las fuerzas de seguridad y el MPA para que producir en la provincia de Santa Fe no sea una aventura en la cual se arriesgue todo, incluso hasta la vida de quienes quieren trabajar».