El Gobierno de Maximiliano Pullaro decidió intervenir en el conflicto con el envío de policía extra para garantizar que no se detenga el funcionamiento de la planta de Sunchales.
En el marco del extenso conflicto laboral que el gremio Atilra mantiene con la cooperativa láctea SanCor, el gobierno de Maximiliano Pullaro tomó la decisión de enviar la policía a proteger a aquellos trabajadores que desean concurrir a sus puestos de trabajo, quienes en reiteradas oportunidades fueron coaccionados a no hacerlo, por los delegados del sindicato, impidiendo así su derecho a trabajar.
El Gobierno santafesino fue claro al sostener que aquellos que no están de acuerdo con la medida de fuerza planteada por el gremio, deben poder ejercer su derecho a trabajar. El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscol, dijo que no iban a permitir bloqueos a la planta, confirmando que la decisión de que ingrese la policía a la planta fue decisión del gobierno provincial.
“Lo que se acordó con la empresa es un operativo policial cuando entran y salen los camiones que llevan y traen la leche para que puedan garantizar el correcto funcionamiento de la empresa. Además de eso, los empleados que quieren trabajar. Sencillamente, es eso. Garantizamos entrada y salida de los vehículos y que el personal pueda ir a trabajar”, aseguraron desde la cartera.
Un conflicto de larga data
El conflicto entre SanCor y Atilra lleva mucho tiempo y se remonta a los tiempos en que SanCor comenzó a desprenderse de sus plantas fabriles para asumir las enormes deudas con proveedores y el fisco, que se fueron acumulando durante años.
La reducción de personal, la venta de negocios estratégicos y la falta de capital para funcionar eficientemente, fueron lacerando la relación con el gremio ATILRA, hasta que comenzaron a sucederse retrasos e incumplimientos salariales por parte de SanCor con sus trabajadores. Si bien en primera instancia el sindicato aceptó las reglas del juego, hasta que la situación financiera de la compañía mejorara, al caerse recientemente el fideicomiso de rescate donde Atilra era parte interesada, la tregua se acabó y comenzaron las medidas de fuerza con mayor determinación.
SanCor denunció entonces que en los últimos meses la empresa perdió de facturar más de $4.500 millones por efecto de las asambleas, bloqueos y paros adentro de la planta.
Sin embargo, muchos de los trabajadores que no responden al sindicato, han manifestado abiertamente que desean seguir trabajando y cobrando en cuotas como hasta el momento ofrece la cooperativa, pero que se ven impedidos muchas veces por el propio gremio, que los amenaza y obliga a que se adhieran a las medidas de fuerza.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública de la provincia, Omar Pereira, expresó: “Estamos asegurando con Policía en el portón el ingreso de las personas que trabajan en la planta. No hubo inconvenientes. La evolución se está analizando siempre en contacto con el Ministerio de Trabajo provincial y con la Justicia. La actuación policial es clara y se dará en caso de que esté por cometerse un delito en flagrancia. Por otra parte, si llega a haber una disposición judicial se adoptarán las medidas pertinentes con el envío del personal que corresponda para realizar lo que la Justicia disponga”.
