La mano del Estado sigue apretando y el sector lo siente

Un informe de FADA mostró los números correspondientes a octubre, contemplando los impuestos nacionales, provinciales y municipales. ¿Qué pasa con los costos?

La medición de octubre de 2022 marca una participación de los impuestos sobre la renta agrícola del 61,3% para el promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol. Es decir, que de cada $100 de renta (valor de la producción menos costos) que genera una hectárea agrícola, $61,30 es lo que representan los distintos impuestos nacionales, provinciales y municipales.
Mientras que el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 61,3%, la participación del Estado en soja es del 67,7%, maíz 53,4%, trigo 50,9% y girasol 49,9%.
Normalmente, este indicador se publica en septiembre, pero para evitar las distorsiones creadas por el «dólar soja» se decidió excepcionalmente postergar la publicación hasta el mes de octubre
El índice de octubre es 0,2 puntos porcentuales más bajo que el de junio, traccionado por una leve mejora en los rindes esperados en soja para la campaña 22/23 en base a las primeras estimaciones de la campaña gruesa.
En el caso de soja, el indicador bajó de 68,4% a 67,7%, maíz de 53,9% a 53,4%, trigo subió de 50,4% a 50,9% y girasol subió de 44,8% a 49,9%. Si bien la participación porcentual de impuestos en la renta baja, la cantidad de impuestos en pesos que pagó una hectárea promedio entre la estimación de junio y octubre se incrementó. En el caso de soja, los impuestos nacionales que paga una hectárea pasan de $89.986 a $104.056, en maíz de $54.480 a $69.264, en trigo de $38.069 a $41.527 y en girasol bajó de $42.693 a $34.357. Aquí queda claro que una mejora de precios o una mejora en los rindes, se traduce automáticamente en un mayor nivel de recaudación fiscal, principalmente de impuestos nacionales como derechos de exportación e impuesto a las ganancias que tiene una correlación directa con los ingresos y la rentabilidad.

Federalismo fiscal
El 61,3% de participación del Estado, está compuesto por impuestos nacionales, provinciales y municipales. Los impuestos nacionales no coparticipables representan el 66,8% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina. La composición central de estos impuestos son los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.
Los impuestos nacionales coparticipables entre el Estado nacional y los Estados provinciales, representan el 28,2% de los impuestos medidos. Aquí tenemos principalmente el impuesto a las ganancias (neto del impuesto a los créditos y débitos) y los saldos técnicos de IVA.
Las provincias reciben parte del 28,2% como coparticipación, y también recaudan diversos impuestos. En el Índice FADA se consideran el impuesto inmobiliario rural, el impuesto a los sellos y el impuesto a los ingresos brutos, con una alícuota reducida, ya que ni Córdoba ni Santa Fe, por ejemplo, cobran este impuesto. Así, los impuestos provinciales explican el 4,6% de los impuestos totales. Más abajo se detalla provincia por provincia.
Por último, los impuestos municipales representan el 0,4% de los impuestos en el Índice FADA promedio nacional. En provincias que cobran estos impuestos, la participación es mayor. El componente central de los mismos son las tasas viales o las guías cerealeras, de acuerdo a la provincia.
Como la mayor parte de las tasas municipales y el inmobiliario rural son impuestos fijos que se actualizan a comienzos de cada año, con la devaluación suelen ir disminuyendo su participación en el total de impuestos. Un tema recurrente en este reporte es el federalismo fiscal de un esquema donde la mayor parte de los impuestos son nacionales no coparticipables, en una actividad que por definición es federal y está arraigada regionalmente. Así, la vigencia de los derechos de exportación impacta de manera negativa sobre el federalismo por tres vías. La primera, es que se incrementan los recursos no coparticipables en manos de Nación; la segunda, es que se reducen los recursos coparticipables por reducción del impuesto a las ganancias; la tercera, es vía los recursos que salen de las regiones productivas en el marco de la existencia de derechos de exportación.

Costos
Para profundizar en cada caso, se analizan los costos involucrados en una hectárea de maíz, para tomar como ejemplo. En el cálculo del índice se toma desde el valor FOB al resultado después de todos los impuestos. Por ello, se consideran los costos de exportación (fobbing), comercialización, transporte, seguros, administración y producción.
Al analizar los costos resaltan dos puntos. El primero, los gastos de fobbing representan entre el 8% y el 9% de todos los costos involucrados en una hectárea de maíz.
El segundo punto, son los fletes, donde se puede ver claramente cómo se va incrementando la participación a medida que uno se desplaza hacia el interior mediterráneo. En el caso del maíz, el flete representa el 20% de los costos en Buenos Aires, en Córdoba el 22%, en San Luis el 22%, en La Pampa el 20% y en Entre Ríos el 17%. En Santa Fe, como el grueso de la producción se encuentra relativamente cerca de los puertos, representa el 15%.
En el promedio nacional de los cuatro cultivos considerados, los costos totales se han incrementado un 28,6% en dólares durante el último año. Si se compara con el año 2008, por tomar otro periodo de precios internacionales altos, los costos actuales son un 131% más altos en dólares corrientes, para el promedio ponderado de los cuatro cultivos.

Las provincias no se quedan atrás

Mientras el índice FADA nacional es de 61,3%, Córdoba registra un 61,6%, Buenos Aires 59,8%, Santa Fe 59,4%, La Pampa 60,5%, Entre Ríos 62,6% y San Luis 60,3%.
En estos resultados, se conjugan los rindes, los impuestos provinciales y locales y los fletes, que generan efectos diferenciados sobre cada uno de los cultivos. Así como la participación de cada cultivo en el área sembrada de cada provincia.
En los casos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa, se consideran los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol, utilizando sus participaciones en la superficie sembrada, para luego calcular los números de una hectárea promedio de cada provincia. Para el caso de San Luis, sólo se consideran soja y maíz, ya que explican el 95% del área. Para el caso de Entre Ríos, se consideran soja, maíz y trigo.


Los impuestos provinciales presentan divergencias. En el caso de Buenos Aires, significan unos $4.912 por hectárea, la mayor parte es inmobiliario rural y el resto ingresos brutos e impuesto a los sellos. La alícuota de ingresos brutos es del 1%. Este monto por hectárea es un promedio provincial, en la zona núcleo el inmobiliario rural casi que triplica el promedio provincial, esto sucede en todas las provincias, con grandes diferencias regionales en el valor de los inmobiliarios rurales.
Por su lado, los partidos cobran sus propias tasas, la mayoría son tasas viales con un 70% de lo recaudado destinado a los caminos rurales y el otro 30% a otros destinos. Estas tasas significan, en promedio, unos $555 por hectárea, con las más diversas formas de cálculo y los más diversos valores.
En el caso de Córdoba, sólo se paga impuesto inmobiliario rural e impuesto a los sellos, la producción primaria está exenta de Ingresos Brutos y no existen tasas municipales. Son $2.922 de impuestos provinciales.
En el caso de Santa Fe, al igual que Córdoba, no se pagan Ingresos Brutos, pero si existen las tasas municipales como en el caso de Buenos Aires. De impuestos provinciales una hectárea paga $2.489. En cuanto a las tasas municipales, se estimaron en un promedio de $539 por hectárea. En la mayoría de los casos estas tasas están expresadas en litros de gasoil.
San Luis, tiene un impuesto inmobiliario rural sustancialmente más bajo que las otras provincias, sin embargo, tiene una especie de «derecho de exportación interno». Cobra una tasa que incluye «guías de campaña» y «certificados de venta». Los certificados se pagan tanto para la venta dentro de la provincia como la producción que se dirige fuera de la misma. Por otro lado, se paga la guía, para la producción que se transporta fuera de la provincia. Estas tasas se suman a un pago a cuenta de ingresos brutos, y se concentran en el llamado Do.Pro. (Documento provincial).
Al igual que San Luis, La Pampa también tiene una especie «derecho de exportación interno». Se llaman «guías cerealeras» y se cobran por camión. Son distintas para cada Departamento, y tienen distintos valores si los granos se dirigen a un lugar dentro del Departamento, fuera del Departamento o fuera de la Provincia. El promedio por hectárea de estas guías es de $858. Por su parte, entre impuesto inmobiliario e ingresos brutos paga $3.194 por hectárea.