Con una presentación institucional de alto contenido técnico y científico de interés público, la Rural de Rafaela abrió el debate en torno a las aplicaciones de fitosanitarios en la zona periurbana de la ciudad. Lo hizo a través de una conferencia virtual cerrada (con invitaciones puntuales) en el marco de la Pandemia convocando por Zoom a los legisladores de la ciudad y la prensa interesada, entre otros referentes relacionados a la temática.
La presidenta de la Rural de Rafaela, Norma Bessone, abrió la jornada con un mensaje de concertación, destacando la intención de la entidad por arribar a un consenso inteligente que logre aunar la necesidad de producir sustentablemente y la demanda social por minimizar los riesgos en el uso de fitosanitarios. “Hemos realizado muchas acciones en estos años para llegar a un proyecto de consenso, con el Ministerio de la Producción de Santa Fe, la Universidad Nacional del Litoral, AAPRESID, INTA y expertos científicos, a fin de controlar los riesgos de impacto en la salud humana y el ambiente, con el objetivo de alcanzar un proyecto con base científico-técnica según la propuesta de Sociedad Rural y el protocolo del INTA Rafaela”.
Bessone destacó: “necesitamos una relación armónica con la comunidad; pretendemos un debate racional, basado en la ciencia y con la intención de sustentar la salud y la producción de alimentos, para alcanzar un consenso en torno a una propuesta superadora para nuestra ciudad y ejemplificadora para la región y el país”.
ENTENDER DE LO QUE SE HABLA
El ruralista e Ing. Agr. Jorge Ghiano describió las implicancias negativas de convalidar un proyecto de ordenanza como el que se pretende instaurar desde el oficialismo (llevar la línea agronómica de prohibición de fitosanitarios de 200m a 1.000m). “El distrito de Rafaela abarca 15.800 ha de suelo clase 1, uno de los mejores y más fértiles de toda la provincia y el país; la ordenanza vigente sobre la aplicación de productos fitosanitarios, establece una zona de exclusión donde no se pueden utilizar dichos productos de 200 metros para pulverizaciones terrestres (y prohíbe las aéreas en todo el distrito), por lo que unas 760 ha quedan inutilizadas”, con el consecuente perjuicio de que proliferen allí, “superficie con malezas, roedores y decenas de basurales a cielo abierto”, destacó Guiano. “En la actualidad hay 25 explotaciones agropecuarias en el distrito, incluyendo 5 tambos, de los cuales 2 son cabañas de amplia trayectoria; son afectados entre un 20 a un 50% de su superficie de producción”.
El técnico, con trayectoria en el INTA y ahora como productor, se refirió a la iniciativa del Municipio de ampliar la zona de exclusión: “la extensión a 1.000 metros de la línea agronómica dejaría improductivas 4.358 ha, equivalente al 28% del distrito, donde algunos productores verían comprometido el 100% de su superficie de producción”. Es decir, “Rafaela, corazón de la cuenca láctea nacional, posee decenas de tambos en los periurbanos que estarían obligados a cerrar por esta propuesta”.
En este sentido, Ghiano sugirió aferrarse a las buenas prácticas agropecuarias (BPA), no a la simple prohibición.
LA PROPUESTA
Para presentar su propuesta, la Rural de Rafaela acudió a la Ing. June Allison Thomas, de larga trayectoria en la investigación académica y la producción agropecuaria de esta región, apelando a su perfil profesional y humano como atributos indispensables para un consenso de partes.
“Con respecto al sistema de gestión y control, proponemos que la municipalidad de Rafaela pueda seguir utilizando su estructura actual de control pero aplicada a los lineamientos que propone el programa ALGEFIT [algoritmos para la gestión de fitosanitarios], desarrollado por la facultad de Ciencias Agrarias de la UNL, que ya se aplica en varias localidades y municipios de la provincia con el objetivo de eliminar el conflicto”, indicó Thomas. Además, “se analizan e identifican las necesidades de capacitación y de tecnología para todos los operadores involucrados en las operaciones que están bajo control y por último se recomienda generar un protocolo de comunicación, para brindar transparencia a la sociedad y evitar cualquier riesgo emergente a la salud y al ambiente en el marco de las BPA”.
Para ello, se deben diferenciar claramente lo que significan los conceptos de “peligro” y de “riesgo”. Thomas sostiene que “el término ‘peligro’ se aplica a un agente que potencialmente es capaz de causar un daño, en este caso, los productos fitosanitarios como sustancias o formulaciones químicas, como lo son también los medicamentos para la salud humana o animal, que son considerados peligros de origen químico”. Si no se utilizan en las condiciones en que han sido aprobados o indicados, pueden potencialmente producir un daño a la salud, “por eso los productos fitosanitarios son aprobados y clasificados a través de un complejo análisis de riesgo por el SENASA, indicando las condiciones en que deben ser utilizados”.
El ‘riesgo’, en cambio, “es la probabilidad de que ese peligro pueda efectivamente causar un daño y para evaluar esto, la información que necesitamos considerar es aquella referida a datos reales, precisos que nos permitan realmente estimar que tan posible es ese producto que haga daño”.
La Ing. recomendó a las autoridades las siguientes preguntas para comenzar a tratar el tema: “¿se conoce qué productos se utilizan y con qué frecuencia; hay alguna denuncia; hubo algún problema en la implementación? Estos datos reales son muy importantes porque de allí vamos a poder sacar la conclusión si puede haber efectivamente un daño a quienes estamos expuestos en la población de Rafaela”.
Y finalmente está la “Percepción del riesgo”, que es una evaluación individual, subjetiva, que se relaciona con el temor y la incertidumbre. “Si recibimos mensajes incompletos, contrapuestos, confusos, alarmistas sobre el peligro considerado, nos llevan a presentar una percepción del riesgo”, explicó June Thomas.
El protocolo del INTA
El encargado de presentar por parte del INTA el protocolo técnico en el que se apoya la propuesta de la Rural, fue el Lic. Cristian León, de la Agencia Castellanos, quien destacó que nada será efectivo sin el compromiso y el profesionalismo de los actores involucrados en una pulverización periurbana.
Para León, “el remanido tema de los metros es más una formalidad que otra cosa; y como dice el experto Luis Carrancio, una aplicación con malas condiciones a 10.000 ó 12.000 m de un pueblo, es altamente probable que llegue a la población, por ello podemos concluir que el manejo de fitosanitarios tiene aspectos técnicos, económicos, ecológicos y principalmente, éticos”.
Básicamente, “este protocolo propone en los primeros 1.500 m del periurbano, solo la aplicación de productos banda verde (de menos toxicidad) y control total de las aplicaciones, con la presencia de un veedor donde las BPA´s se tornan obligatorias”.
En el terreno de la descripción, el técnico puntualizó: “cada pueblo y ciudad deben tener su “Línea Agronómica” perfectamente delimitada e informada”, a lo que hay que sumarle la colocación alrededor del pueblo de mangas de viento que indican la dirección del viento”.
Además de fomentar el Monitoreo Integrado de Plagas (MIP) como una forma inteligente (ambiental y económicamente) de minimizar las aplicaciones en esa zona; es fundamental contar con un profesional veedor que esté bien interiorizado en el tema, actualizado legal y técnicamente. “Este veedor profesional deberá tener autoridad para detener una aplicación y se constituirá en un garante técnico y social”, subrayó León.
Sobre las zonas buffer, INTA propone un área de seguridad de 10 metros con barrera de vegetación; un área de Restricción de Aplicación de 1.500 m (sólo productos de banda verde bajo un estricto protocolo); y luego un área de Responsabilidad Social Rural hasta los 2.500 m donde no se podrán efectuar aplicaciones aéreas.
“En un área de 1.000 m alrededor de las escuelas rurales o lugares rurales de esparcimiento (Área Rural Protegida), solo podrán realizarse aplicaciones terrestres restringidas solo los fines de semana, y de ese sector, los primeros 100 m corresponderán al Área de Seguridad, con las mismas restricciones”, describió León.
Finalmente, el profesional de INTA remarcó: “todos nosotros queremos lo mejor para la población urbana y rural; buscamos responsabilidad y empatía entre ambas, mientras encontramos mejores y más eficientes formas de producción para el periurbano, proponemos una agricultura con cada vez menos cantidad de insumos sintéticos, de menor toxicidad, más efectiva y con mayores controles municipales y sociales”.
EL GLIFOSATO, LA OVEJA NEGRA
El final de la presentación de la Rural estuvo a cargo del Bioq. Fernando Manera, un experto de amplia trayectoria en el campo de la salud, bromatología, medioambiente y toxicología, que le dio marco científico al cliché del debate por los fitosanitarios y respondió al mayor de los interrogantes: ¿es el glifosato un agente carcinógeno?
Si bien la biblioteca en este punto está repartida, Manera fue a los conceptos mundialmente aceptados por organismos o investigaciones más serias. “definir al cáncer como enfermedad amerita establecer la relación existente entre el cáncer y la exposición a ciertos agentes carcinógenos, los cuales se constituyen en causa necesaria para el desarrollo de la enfermedad según la frecuencia, la intensidad, la duración a la exposición, las vías de ingreso, las condiciones de trabajo, estilo de vida y los hábitos en general, por lo que se hace imposible vincular a un solo producto con la aparición de este tipo de enfermedad”.
Manera citó a la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) dependiente de la OMS, que no incluyó al glifosato en su listado de productos carcinógenos según evidencia científica. En efecto es un producto clasificado en el Grupo 2A “posiblemente cancerígeno” que comparte su peligrosidad con otros productos de ingesta habitual, como las papas fritas o el mate, y emisiones cotidianas como los insecticidas hogareños o combustiones de motores diésel. “Sin embargo, para la IARC, el famoso herbicida tiene una limitada evidencia de carcinogenicidad para un solo tipo de cáncer, el linfoma no Hodgkin, en tanto otros organismos como la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA), la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), o la Agencia de Protección Ambiental (EPA-EEUU) no lo clasifican como cancerígeno”, explicó el experto.
EL CURIOSO INTERÉS DE LOS CONCEJALES
El debate está en marcha pero no al nivel que requiere el tema. La preocupación que públicamente manifiestan los concejales rafaelinos que desean ampliar los límites agronómicos vía ordenanza, no se condice con el interés declamado para acceder a información técnica de calidad. El ejemplo más claro es que sólo se nutren de aportes (opiniones o testimonios) que claramente provienen de sectores con visiones fundamentalistas sobre el tema, que no siempre poseen la autoridad suficiente para aportar soluciones racionales o consensuadas. Y cuando tienen la posibilidad de indagar o debatir técnicamente el tema con solvencia científica, huyen del debate y se muestran más callados que de costumbre. Así sucedió en esta presentación, donde ningún legislador en cuestión realizó ninguna consulta, pregunta o aporte, para enriquecer el intercambio.
Por Gustavo Gigena ( Redacción Nuestro Agro)
