La decisión del Gobierno nacional de intervenir y expropia Vicentin continúa despertando severas críticas por parte del sector agroindustrial. Más allá de la aparición del “Plan Perotti”, que según el gobernador santafesino no implica una expropiación, la desconfianza está latente en todo el arco privado teniendo en cuenta el precedente que podría sentar un hecho de estas características.
Para el presidente de MAIZAR, Alberto Morelli, queda muy claro que “hay una injerencia del Poder Ejecutivo sobre la justicia” y advirtió de “la gravedad institucional” que ello representa. Y en diálogo con el programa radial ADN Rural, agregó: “los fundamentos del Estado para tomar la empresa son sumamente débiles, empezando desde la soberanía alimentaria”.
A la hora de analizar la participación estatal, el empresario fue contundente: “creo que es innecesario que el Estado entre a jugar en mercados que son transparentes y convengamos que ya interviene y de forma muy importante porque otorga permisos, cobra impuestos, rige nuestra vida de infinidad de maneras e incluso podemos discutir si precisamente son virtuosas”.
Lo que se necesita del Estado
Teniendo en cuenta que los sectores agropecuario y agroindustrial generan la mayor cantidad de divisas, Morelli remarcó lo que verdaderamente se necesita de un Estado, contemplando “una política activa de exportación para que todos los productos de las cadenas puedan ser comercializados en el exterior”. Para ello, “son necesarias negociaciones con otros países para que podamos seguir manifestando todo el potencial que tenemos”.
El reclamo del presidente de MAIZAR está fundado en la importancia que presenta la agroindustria en el interior productivo, posibilitando mayor mano de obra genuina. “En un país que va camino al 50% de pobreza, la única manera de salir adelante es con trabajo digno y las cadenas ofrecen esa posibilidad, generando también inversiones”. De todas maneras, aclaró: “por supuesto que para eso tiene que corregirse la macroeconomía de Argentina”.
