Razones sin límites: opinan los productores que consideran abusiva la ordenanza de fitosanitarios

Rafaela tiene en carpeta una polémica ordenanza sobre la línea agronómica y la utilización de fitosanitarios que podría afectar miles de hectáreas productivas y destruir una cadena de valor insignia de la ciudad y la región. Los productores linderos al casco urbano esgrimen sus argumentos y piden que prime el sentido común sobre lo que consideran “es una avanzada política absurda”.

Por Gustavo Gigena (Periodista Agropecuario / Secretario de Redacción de Nuestro Agro)

Hay razones sin límites para oponerse a los límites al sentido común. Ya no sólo tiene que ver con argumentaciones técnicas, que las hay de sobra por supuesto, sino con la razonabilidad del caso. ¿Tiene sentido extender la línea de prohibición de aplicaciones a 1.000 metros? ¿Qué pasará con esas tierras de excelente aptitud productiva cuando queden a merced de las malezas y alimañas en el cordón periurbano? ¿Cuál es la motivación política que trae al debate un tema que no ha generado denuncias de ningún tipo en los últimos años? ¿Qué pasará con los 26 productores agropecuarios que rodean la ciudad y alimentan la economía virtuosa de más de 400 proveedores de la región? ¿Están informados los concejales rafaelinos sobre las Buenas Prácticas Agropecuarias de la era moderna de la producción?

Las respuestas a estas preguntas podríamos buscarlas en los ámbitos técnicos y de investigación, que los hay y muchos en Argentina, pero es necesario en estos momentos escuchar a los propios damnificados por este proyecto de mayor restricción, porque necesitan alzar su voz ante el desconocimiento de la política y echar luz sobre varios prejuicios en torno a la producción del campo.

El proyecto de ordenanza en cuestión, que establece una zona de exclusión para la aplicación de agroquímicos de 1.000 desde el área urbanizada y una zona de amortiguamiento de 1.000 metros más lindantes con dicha área de prohibición, fue elaborado y presentado en 2020 por la concejal Brenda Vimo, jefa del Bloque oficialista Frente de Todos. Cabe señalar que en la actualidad, la normativa vigente establece un área de prohibición de 200 metros de la última línea de viviendas.

Pero sucede que la ciudad se les vino encima a estos productores, que están allí desde mucho antes que nacieran los barrios y asentamientos que hoy lindan con ellos. Pero también es cierto que el sector agropecuario desde entonces ha evolucionado a una velocidad envidiable en comparación con otros sectores productivos de la región, de la mano de las nuevas tecnologías que mejoraron los procesos y prácticas agronómicas, que garantizan no sólo eficiencia sino sustentabilidad productiva y ambiental.

Ellos ven con asombro e impotencia cómo desde la propia ordenanza se los insta a abandonar la producción sistémica de materias primas, bajo presunciones que exhiben el más absoluto desconocimiento de las prácticas agropecuarias de la actualidad. Les queda la sensación de que se los discrimina por la simple condición de ser productores y que en ningún momento de los considerandos de la ordenanza se pondera el perjuicio que podría ocasionar una normativa que se percibe tan restrictiva como anacrónica.

Llama la atención que en dicha iniciativa parlamentaria, la producción agropecuaria no se considera una actividad de alto impacto socioeconómico de la ciudad, en un distrito que históricamente creció y se desarrolló de la mano del campo, que generó una industria en derredor con una tierra bendecida por la fertilidad y el clima templado, ideal para la generación de riquezas y oportunidades para miles de personas. Aunque muchos quieran ser indiferentes o trocar la esencia genealógica de la ciudad, Rafaela tiene ADN rural.

Rafaela posee suelos privilegiados para la actividad agropecuaria, que corren peligro de quedar improductivos y convertirse en lotes abandonados o desaprovechados.

Por eso los productores consultados para este informe se muestran angustiados, enojados y atacados en su orgullo, porque no entienden qué están haciendo mal para justificar semejante amenaza a sus formas de vivir y producir.

Al igual que la poderosa industria metalmecánica que es insignia de la Perla del Oeste, la actividad agropecuaria rafaelina es modelo a imitar en su condición de generadora de empleos y recursos, indispensable para el desarrollo y la calidad de vida de una amplia región.

En tal sentido, Rafaela merecería una ordenanza de regulación moderna, aggiornada y contemplativa, pero en cambio recibe una embestida absurda que augura su debilitamiento agroindustrial, contradiciendo su propia idiosincrasia cultural.

¿Qué piensan los productores?

Angustia, bronca y preocupación, en los testimonios de los productores que temen por la continuidad de sus empresas, si prospera el proyecto de ordenanza oficial.

Nuestro Agro reunió a siete productores y una Ing. Agr. experta en control de riesgos, para que expongan sus preocupaciones en torno a la futura ordenanza, con el fin de que se conozca la verdadera naturaleza de sus críticas y las sobradas razones que poseen para pensar que detrás de esta iniciativa política, se esconde otra intención.

Quienes aportan sus testimonios son productores que ya trabajan con las actuales restricciones de 200 m, pero que ante el eventual caso de aprobarse la nueva ordenanza, verían afectada casi la totalidad de sus explotaciones y aseguran que no podrían continuar con sus empresas.

Elena Lovera, con campo agrícola en el suroeste de Rafaela, cuyo límite con un asentamiento no urbanizado lo deja dentro de la restricción de la ordenanza.

Fernando Belinde, productor y contratista de una empresa familiar con 60 años de trayectoria en la ciudad, posee un tambo ubicado en el sureste de Rafaela que realiza producción mixta (agricultura y ganadería) además de brindar servicios a terceros.

Juan Zimmerman, con campo al sur del aeródromo Rafaela, también alquila la ex Granja Peretti, donde realiza tambo y ganadería.

Adolfo Williner, del Establecimiento Armando, ubicado al Norte de la Ruta 70 sobre el desvío del tránsito pesado, donde realizan agricultura, cabaña, tambo y una pyme quesera.

Darío Schmithalter, posee una empresa que brinda servicios agrícolas a terceros y posee un tambo frente al relleno sanitario al Norte de la ciudad.

Mario Ullrich, posee un tambo al Oeste de la ciudad de Rafaela, sobre la Ruta 70, a un km del Cementerio Municipal.

Juan Felissia, propietario de un tambo y de la multipremiada Cabaña “La Magdalena”, con 85 años de historia, referente indiscutida de la evolución de la raza Holando en el país y orgullo de la ciudad de Rafaela, ubicada sobre la ruta 70 en el ingreso Este de la ciudad.

June Thomas, ingeniera y asesora de los productores, ex investigadora y académica de la Facultad de Cs. Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral.

Adolfo Williner, Mario Ullrich, Fernando Belinde, Darío Schmithalter, Juan Zimmerman, Elena Lovera y Juan José Felissia.

“Ninguno de nosotros hace mal las cosas en el límite de la ciudad, en desmedro de la salud de la población o con mala intención, en realidad, cumplimos con las exigencias de la actual ordenanza como corresponde, por eso no entendemos qué es lo que se busca con una modificación de este tipo”, afirma Juan Felissia, anfitrión de nuestra reunión con productores.

“Una equivocación muy común cuando se habla de este tema es pensar que sólo es de incumbencia rural, cuando todos sabemos que esto tendrá impacto en lo urbano también, porque son muchas las familias y pymes que dependen de estas empresas agropecuarias”, señala June Thomas, quien coordinó un trabajo de los productores donde se documenta el impacto negativo que tendría en una amplia cadena de servicios y proveedores si estos establecimientos quedan limitados en su producción.

Es importante señalar que según los registros de la Rural de Rafaela, son 26 los productores que se encuentran en el periurbano. Un cálculo a groso modo, indica que aproximadamente 4.000 hectáreas de tierras Clase 1, 2 y 3, se verían afectadas productivamente de concretarse la iniciativa del Frente de Todos.

“La ciudad no tiene un lineamiento urbanístico ordenado y crece como una mancha de aceite, por lo que, considerando que el distrito tiene 15.000 hectáreas, de las cuales la ciudad ocupa unas 3.600 ha, y sumando los otros 1.000 metros de zona buffer que se agregarían con restricciones, es prácticamente el total del distrito que quedaría sin producción convencional, con todo el perjuicio social, laboral y económico que esto provocaría”, razona Fernando Belinde, apoyándose en el trabajo técnico que elaboraron los productores.

Dicho relevamiento posee números fidedignos en base a la información que aportaron 15 establecimientos que serían afectados casi en su totalidad con la nueva ordenanza. Los datos datos son elocuentes y revelan la profundidad del impacto socioeconómico que acarrearía la disposición. Alrededor de 10 millones de dólares en movimiento económico (productivo, comercial, de servicios) para la ciudad y la región se verían mermados, afectando directamente a más de 400 proveedores y casi 50 empleos directos, sin contar a los productores y sus respectivas familias. En este colectivo de ciudadanos hay trabajadores rurales, profesionales técnicos y empresarios de varios rubros que dinamizan la ciudad.

En representación de los proveedores, la contratista rural Fany Blatter opina: “proponen cambiar la ordenanza en pos del medio ambiente, cuando en plena ciudad tienen un desastre con la suciedad de los pájaros, que eso no es bueno para la salud; los caminos rurales son basurales a cielo abierto, además de que están intransitables; hay problemas con el dengue y cuando fumigan usan un insecticida que los productores no pueden usar a 2.000 metros del ejido urbano. Entonces acá tenemos la doble moral”.

Blatter no participó de esta entrevista conjunta pero se solidarizó con el reclamo de los productores y a cargó contra las motivaciones de la ordenanza: “proponen emprendimientos ecológicos que son inviables económica y socialmente, donde se necesita una fuerza intensiva de mano de obra que aquí no hay; pretenden hacer miles de hectáreas de huerta como los cinturones hortícolas de Santa Fe, pero con un detalle, allí terminan trabajando nuestros hermanos bolivianos en modalidades esclavizantes”. Y concluye: “no logro entender por qué salen con este cambio de ordenanza, cuando la Municipalidad hace los controles correspondientes trabajando muy bien en ese tema; creo que cuando se hacen bien las cosas, prohibir es ponerle palos a la rueda a la producción”.

Los productores remarcan que el proyecto de ordenanza se apoya en una base que no tiene sustento técnico. “Por ejemplo, yo tengo lotes divididos en 8 ha. cada uno, y cuando aplico en uno, el lote lindante no se ve afectado en absoluto; entonces cómo puede ser que nos acusen de que estamos contaminando a la gente que se encuentra a 200 metros de distancia”, se pregunta Adolfo Williner.

“Por un lado, te dicen que tu campo tiene que producir para que no quede abandonado, entonces yo lo siembro, pero necesito cuidar mi cultivo para que no se lo devoren las malezas y los insectos, y cuando aplico me lo prohíben, ¡es inentendible! – comenta Elena Lovera-. Además, hoy en día trabajamos con productos banda verde aprobados por SENASA, con tecnologías muy confiables y seguras que bien aplicadas no representan riesgos para la salud”.

Los productores manifiestan que la Ordenanza 3600 vigente en la actualidad, que prohíbe aplicar cualquier producto en los primeros 200 metros “se cumple con absoluta normalidad” y lo que se aplica después de ese límite “está bien regulado por la Municipalidad, con su correspondiente habilitación, receta agronómica y veedor oficial”, por lo que se preguntan cuál es la motivación para extender los límites y las restricciones.

“Según nos dicen desde el Municipio, desde que está la ordenanza vigente en 2004 nunca hubo denuncias, ni multas, ni suspensiones ni nada, lo que evidencia claramente cómo trabajamos los productores en el periurbano”, acota Felissia.

Sin embargo, tampoco resulta fácil lidiar con la burocracia administrativa aun cumpliendo con la normativa, ya que según el testimonio de algunos productores, no siempre se actúa con la celeridad y el criterio que requiere una plaga o la necesidad fitosanitaria, ya que suelen pasar más de 48 horas desde el momento que se deciden las aplicaciones hasta que ocurren realmente, debido a que la función pública no atiende los fines de semana o feriados.

 “Yo quisiera desmitificar a la política que nos presenta como envenenadores de la ciudad, y que insiste en plantear el tema como un enfrentamiento de los pro salud vs. los anti salud, que vendríamos a ser nosotros, cuando lo que hacemos es producir alimentos bajo las reglas que ellos mismos establecieron y además, utilizando las buenas prácticas agrícolas, porque somos nosotros con nuestros empleados y familiares los que hacemos las labores, por lo tanto, no podemos ser tan estúpidos de auto envenenarnos”, manifiesta con asombro Juan Zimmerman. “¡Los primeros interesados en que se hagan bien las cosas somos nosotros! –agrega Darío Schmithalter-. Yo fui aplicador muchos años y no tengo secuelas de ningún tipo porque ante todo nos cuidamos la salud”.

Por otra parte, las aplicaciones que se realizan en las explotaciones del periurbano son de lotes pequeños en rotación constante de cultivos, lo cual disminuye notablemente la cantidad de intervenciones, ya que no hay prevalencia de monocultivo soja, sino planteos mixtos de pasturas, granos y ganadería. “Una alfalfa desde que se implanta, necesita la aplicación de un herbicida banda verde a los 15 días y después otra a los 10 meses, es decir, son dos aplicaciones al año cuanto mucho -argumenta Belinde-. Para maíz se utiliza una sola aplicación durante el ciclo y luego una fertilización, porque utilizamos semillas con tecnología BT que ya son resistentes a muchas plagas y enfermedades, algo similar ocurre con soja, donde las variedades disponibles han reducido muchísimo el uso de productos”.

La Ing. Thomas, agrega que “en los últimos años se ha evolucionado notoriamente con la utilización de productos que son de categoría banda verde (menor toxicidad) y que a su vez son más efectivos para el control de plagas y malezas, por lo que requieren de menores aplicaciones en volumen y periodicidad, lo cual está comprobado técnicamente”.

A todo esto, los nuevos desarrollos tecnológicos para aplicadores (maquinarias de precisión, pastillas con sensores, productos anti deriva, etc) están siendo utilizados por los productores del periurbano y los contratistas que brindan servicios de pulverización, a fin de minimizar riesgos, sumado al protocolo municipal que autoriza y supervisa la aplicación en condiciones meteorológicas óptimas.

Es Juan Zimmerman el que propone al INTA Rafaela, “que hagan sus ensayos e investigaciones durante dos o tres años probando alternativas productivas para ir hacia un sistema que reduzca aún más la utilización de productos, no tenemos problemas en aceptar las recomendaciones que nos puedan dar, pero no prohibir así como así, porque esa no es la solución a nada”.

Otros problemas que surgirían

Los productores señalan otra gran problemática que surgiría en esos 1.000 metros sin producción controlada y que podría proliferar más de lo que ya implican los 200 metros actuales, afectando sanitariamente a los bordes de la ciudad, es la proliferación de alimañas, basura, roedores e insectos trasmisores de enfermedades peligrosas como el dengue o el zika.

No es una primicia decir que sin producción agropecuaria y con malezas crecientes, se incrementarían los episodios de inseguridad rural y periurbana, más de los que ya existen, ya que los pastizales y lotes abandonados son escondites perfectos para ocultar lo mal habido o para realizar faenas clandestinas.

Elena Lovera marca lo que considera un contrasentido de la Municipalidad: “cuando fumigan los mosquitos en la ciudad utilizan los mismos productos que a nosotros nos prohíben en el campo”, refiriéndose entre otros a los insecticidas piretroides tipo Lambda que son banda azul en algunos casos.

Sin que exista una responsabilidad probada todavía, al sector agropecuario se le atribuyen a priori culpas por contaminación negligente, cuando en realidad es depositario de la basura que arrojan ciudadanos inescrupulosos y de la contaminación que generan en los canales norte y sur algunas industrias de la ciudad. Algo que podría agravarse de quedar improductivos tantas miles de hectáreas.

¿Y si prueban otra receta?

Están tan convencidos los productores de que sus prácticas no son nocivas si se hacen correctamente, que se animan a invertir los objetivos de una hipotética ordenanza: “no estoy de acuerdo ni siquiera con los 200 metros de prohibición, pero igual lo acepto y lo cumplo desde un primer momento, aunque si me preguntan qué justificación técnica le veo, ninguna, deberían ser menos metros sin dudas, como es en Europa”, manifiesta Juan Zimmerman.

También Adolfo Williner sostiene esta tesis: “las nuevas tecnologías y los productos desarrollados por la biotecnología hacen que hoy se pueda hacer agricultura moderna a muy pocos metros de distancia sin correr riesgos para la salud; de cambiarse la ordenanza me gustaría que fuera para reducir el área de exclusión, no para ampliarla, aunque sé que eso es muy difícil”.

Para la Ing. Thomas, “dejar tierras sin producir en un país con un 50% de pobres es insensato, por eso hay que buscar soluciones en donde ya lo han superado al problema de los metros, como las legislaciones europeas, que aprovechan toda la tierra disponible para producir alimentos, crean cortinas forestales para delimitar lo urbano de lo rural y donde existen estrictos controles que garantizan los procesos”.

“Yo crio mis vacas acá desde hace 85 años, no pueden pretender que de un día para el otro yo me vaya o deje de producir como lo hago, porque nadie puede darme garantías de que sin insumos se pueden lograr los mismos resultados; hay que darle progresividad a la ordenanza si quieren un cambio”, propone Felissia. “Tecnológicamente hay alternativas de precisión, como la que está probando INTA Manfredi con un sistema que trajeron de Holanda que permite utilizar herbicidas con e un pulverizador sin derivas, pero son inversiones altas que debiéramos asumir junto con el Estado para probarlas y difundirlas para evitar las prohibiciones”, agrega el experimentado productor.

Lógicamente, todos ellos saben que, ayudada por medios de comunicación cooptados por el poder político y legisladores demagogos que usufructúan la ignorancia sobre el tema, la población tiene una percepción negativa sobre los fitosanitarios y la producción agropecuaria.

“Si tanto les preocupa el medioambiente, por qué no se ocupan de la limpieza de los caminos rurales lindantes a la ciudad que parecen verdaderos basurales, de los pastizales de las vías o los canales del Sur y del Norte que están ultracontaminados –se queja Belinde-. En ninguno de esos temas tenemos responsabilidad los productores”.

La agroecología no es una alternativa viable por el momento, coinciden los productores, ya que por las extensiones que están en juego, significaría un riesgo elevado con costos que no podrían ser compensados por los magros resultados que arrojan dichas prácticas. Tanto en el INTA Oliveros como en Rafaela, se han hecho experiencias de granjas ecológicas sin utilización de insumos y los resultados son poco alentadores como para pensar en una sustitución tecnológica.

Surge otra problemática asociada con las prácticas agroecológicas, “ya que la FAO sostiene que para garantizar el éxito de estos sistemas, es necesaria la rotación agrícola ganadera, arriesgándose el productor a quedar expuesto a los abigeatos, uno de los principales flagelos de la inseguridad ruralidad periurbana”, advierte June Thomas.

Entre las ideas que proponen los productores para intentar una solución al conflicto de intereses, surge la moción de copiar a aquellas localidades de la región que han alcanzado consensos inteligentes y ordenanzas modernas que permiten la convivencia entre los urbano y lo rural, como son los casos de Arequito, Cañada Rosquín o más recientemente, San Vicente. Estas experiencias fueron publicadas por Nuestro Agro en el mes de noviembre.

Entre la indiferencia y los esfuerzos aislados

Según este grupo de productores, que junto con la Rural son los que se animan a dar la cara para explicar sus razones, sólo dos concejales se interesaron en este tema y tomaron contacto con ellos: Marta Pascual y Lisandro Mársico. Si bien ambos son de partidos opositores al proyecto oficial, PRO y PDP respectivamente, no están trabajando juntos en pos de una ordenanza superadora, ni siquiera bajo el bloque mayoritario de Cambiemos donde también está el radicalismo existe una alternativa superadora. Es decir, la indiferencia hacia el tema es evidente, ya que si existiera real compromiso por obtener un consenso, sería razonable que los concejales compartan una visión al respecto para intentar frenar un intento aislado del partido gobernante.

Durante 2020 la Rural de Rafaela y el INTA realizaron capacitaciones vía Zoom sobre el tema para los concejales y presidentes comunales del área metropolitana, pero sólo asistieron algunos y sin participar activamente del debate o de las preguntas finales, incluso algunos abandonando las charlas antes de su finalización.

De los siete que participan en esta entrevista, cinco aseguran que no seguirían produciendo, ya que no tiene sentido cambiar un sistema tecnologizado, moderno y de alta generación de valor, que promueve el trabajo de calidad y la inversión continua, por una huerta orgánica o un loteo para viviendas, porque además, no sólo se trata de empresas muy profesionales con muchos años de trayectoria, en la mayoría de los casos, existe una raigambre con la propia tierra y la historia familiar.

Las sospechas de los productores

El límite de la discordia: una postal que evidencia lotes improductivos por la restricción a los insumos. Campos enmalezados que serían el nuevo paisaje periurbano.

Los productores piden reserva y prefieren no ser individualizados en sus declaraciones, cuando se les pregunta por las motivaciones que estarían impulsando a los concejales del oficialismo en esta disparatada ordenanza. Aquí las sospechas son variadas pero sin la fuerza de las pruebas.

Algunos piensan que se trata de una postura ideológica extrema de la concejal Brenda Vimo contra el campo, lo cual la edil no oculta en sus directas declaraciones en redes sociales; quizás una postura política radicalizada en los últimos años para captar votos con un tema sensible que permite fácilmente confundir a los desinformados, señalando a “los malos de la película”.

Otros opinan que se trata de una orden “de arriba” que tiene el aval de la gobernación a modo de venganza contra un sector que en los últimos años le dio la espalda a su coterráneo y lo cuestionó fuertemente por pasarse a las huestes kirchneristas, un partido que se jacta de ser “enemigo del campo” desde 2008. En esta tesitura se ubican aquellos que sostienen que el ministro de la Producción Daniel Costamagna, ex presidente de la Rural de Rafaela, no se ha expresado contundentemente sobre el tema y ha contestado “lo políticamente correcto” sin estar a la altura de las circunstancias. Es como si nadie se atreviera a contradecir a la legisladora del Frente De Todos.

Otra hipótesis es la que asocia estas normativas extremas con un falaz relato ecologista y modas de consumo como los movimientos veganos y vegetarianos, que estigmatizan a la producción agropecuaria como una actividad altamente contaminante, extractiva y que maltrata las especies animales. Aquí la concejal se muestra concordante con esta línea de pensamiento y lo reproduce con “memes” inclusive, donde se burla de íconos muy caros a los sentimientos de los productores tamberos, como lo es “el monumento a la vaca en la Rural”.

También se cree que detrás de estas iniciativas hay un objetivo inmobiliario con intereses económicos y políticos, fogoneado por actores de la ciudad que desean correr el área productiva para concretar jugosos proyectos urbanísticos de alto valor. Aunque también se citan rumores de que se trataría de una jugada política de mediano plazo para multiplicar programas de viviendas populares que siembren votos amigos para las próximas elecciones.

Finalmente, los productores consultados desconfían de quienes deberán tratar este proyecto de ordenanza, porque salvo alguna excepción, “por un lado son concejales que no comprenden el tema en plenitud, y por el otro, nosotros somos muy pocos y sin llegada institucional al ámbito político, haciendo la salvedad de la Rural que hace lo que puede”.

Lo cierto es que los productores se sienten desamparados e ignorados por una ciudad que pareciera no contarlos como propios, pero que en gran medida se nutre de sus esfuerzos y trabajo cotidiano. “Rafaela es esencialmente una fábrica de alimentos, nosotros somos el comienzo de esa cadena y siempre lo hemos asumido con gran compromiso y honor, ahora sentimos que nos están expulsando con argumentos que hieren nuestro orgullo y que ofende nuestra historia”, reflexiona con emoción de impotencia, uno de los productores que desea culminar la entrevista. Está todo dicho.

El mensaje encriptado del intendente

El proyecto de ordenanza de Brenda Vimo no será tratado en el recinto durante marzo, al menos es lo que sostienen sus colegas opositores, porque primero quieren realizar una jornada técnica de aplicaciones (junto con el INTA) y luego dialogar con sus pares legisladores de la provincia, para interiorizarse más en el tema y arribar a un tratamiento integral.

Luis Castellano, intendente de Rafaela

Al margen de los tres votos oficialistas ya confirmados en una eventual votación, la postura del resto es variada. Se sabe que desde el espacio político PRO se opondrán taxativamente a la propuesta del kirchnerismo local; los radicales están indecisos porque creen que algo se debe cambiar pero no a ese extremo; mientras el concejal del PDP desea preparar una ordenanza alternativa pero en solitario.

Sin embargo, lo que parece trabar el avance de esta ordenanza es la falta de apoyo político desde el Ejecutivo municipal. Un episodio no menor se vivió a principios de marzo en la apertura de sesiones del Concejo que encabezó el intendente Luis Castellano, quien no incluyó el tema “Fitosanitarios” en su agenda de prioridades y deslizó un sugestivo mensaje a sus partidarios. “Creo en la democracia y la libertad de expresión, pero estoy convencido de que no hay margen para que intentemos imponer posturas extremas”, subrayó el mandatario local, y agregó: “cuando se ponía en debate público si el Estado debía priorizar la economía o si debía poner en primer lugar la salud, nosotros sabíamos que ese era un debate inconducente; formamos parte de un gobierno que siempre ha trabajado en el fortalecimiento del desarrollo productivo”.

Claramente, son dos mensajes que contradicen el pensamiento púbico de su discípula política. Por supuesto que rápidamente Vimo recogió el guante y reaccionó: “me dicen políticamente incorrecta, lo incorrecto es que los políticos transen y acuerden con las corporaciones que destruyen el medioambiente y nos envenenan, coherencia por favor!”, posteó furiosa en Twitter desencadenando una interna en el seno del Frente de Todos.

LOS CONCEJALES: DEL DESCONOCIMIENTO A LAS BUENAS INTENCIONES

Lisandro Mársico (PDP), Miguel Destéfanis (JxC), Leonardo Viotti (UCR)

“Ese proyecto es excesivo”

Lisandro Mársico, concejal del PDP, destaca puntos a favor y en contra de la ordenanza del Frente de Todos, pero cree que la solución es proponer otra normativa con mayor grado de consenso.

“Este proyecto tiene sus puntos positivos y cuestiones que no comparto; priorizar la salud, el medio ambiente y la salud de los animales, son factores fundamentales, y hoy tenemos un instrumento que es muy escaso en contenidos y regulaciones que ha quedado desactualizado, pero también es necesario que el proyecto de ordenanza contemple a los productores, porque hay que tener en cuenta que existe lo que se llaman las buenas prácticas agrícolas, que combinadas con la utilización de cortinas forestales, el monitoreo de plagas y otras cosas, podemos llegar a mantener los 200 metros que hoy están como zona libre de agroquímicos”.

Mársico, único concejal que está trabajando en un proyecto alternativo por el momento, afirma sobre la presentación de Vimo: “ese proyecto es excesivo, considerando las características del lugar y más teniendo en cuenta que en Rafaela no ha existido ninguna denuncia de vecinos que hayan reclamado violaciones a lo que hoy rige”.

En este sentido, “voy a tratar de discutir el proyecto con sus autores, con los que los firman de manera seria y amplia; yo no quiero ir a agresiones, no quiero prenderme en esa”, aclara el edil.

“Me he reunido con productores lindantes preocupados; hay 10 tambos contando los del INTA, que se verían afectados y no se puede tumbar eso de un día para el otro, por eso me parece que es importante escucharlos”, comenta el referente del PDP.

“Para algunos mi posición es economicista, pero no lo entiendo así; trataré de buscar argumentos para convencerlos que no es así. Sino lo logro, iremos a una votación y el proyecto que tenga más consenso entre los ediles será el que regirá”, define el concejal. Además, “el año pasado vino un informe del Municipio que decía que no había casos de denuncias por agroquímicos, hace siete meses que estamos esperando que nos contesten en la Secretaria de Salud, para que nos digan qué casos se estima que podría haber de patologías relacionados con los agroquímicos”.

 “Salud y economía van de la mano”

Miguel Destéfanis es concejal de Juntos por el Cambio y aún no ha decidido su postura referente al tema, aunque tiene claro que “hay muchas cosas en juego” en esta ordenanza.

“Lo primero de todo es la salud, que sin dudas tiene una importancia terrible, pero la parte económica también porque es algo parecido a lo que sucede con la Pandemia, salud y economía van de la mano”, advierte. “Obvio que uno va a elegir siempre la salud, pero es algo que debemos debatir porque tenemos que aprender muchísimo sobre el tema. La concejala presentó el por qué de los 1.000 metros pero yo creo que con eso solamente no alcanza; tenemos que asesorarnos muy bien para tomar la mejor medida posible y no va a ser sencillo; yo no me considero capacitado en estos momentos para tomar una determinación”, reconoce Detéfanis.

“Los concejales de cambiemos ya tuvimos reuniones y hay distintas posiciones: el 50% ya decidió y el otro 50% aún no, pero en algo coincidimos, 1.000 metros es demasiado, por las partes que quedarían sin producción y el impacto económico para Rafaela”, sostiene el edil.

“Hemos pedido informes para saber si existen casos de denuncias de contaminación, pero lo importante es que el control de la Municipalidad es muy bueno de acuerdo a lo que dicen los productores; no tengo objeciones ni de un lado ni del otro”, afirma Destéfanis.

“Si se llega a dar 400 o 500 metros, hay que ir pensando en qué le ponemos a esta ordenanza para producir en esas áreas; seguramente el colono no se va a ver favorecido para nada porque no va a sacar lo mismo, pero hay que darle un uso a los metros que sean, un uso racional”, concluye el concejal, al tiempo que sabe que lo que se debate sentará un precedente en toda la provincia, por la importancia que tiene Rafaela en el mapa productivo nacional.

“Mayores sanciones” si no cumplen

Leonardo Viotti es uno de los concejales más jóvenes del cuerpo legislativo local, referente del ala radical del bloque Juntos por el Cambio y uno de los candidatos más votados en las últimas elecciones que casi lo consagran intendente, opina que su decisión no está tomada en torno a la ordenanza presentada por Brenda Vimo.

“En lo personal creo que antes de tomar una definición, lo que hay que lograr es por un lado escuchar a todos los actores que saben; hay que ser respetuosos de todo pero escuchando datos que tengan sustento científico, porque es ahí en donde tenemos que basar nuestra posición final”, explica el edil. “Tenemos que encontrar un equilibrio que contemple el cuidado del medio ambiente y también el cuidado de nuestra producción; ojalá se puedan contemplar las distintas miradas”.

Según el concejal, al día de hoy no tienen conocimiento o evidencia de ningún caso que tenga que ver con una enfermedad relacionada con agroquímicos en la población rafaelina. “No significa que no las haya pero no tenemos documentación o informes científicos que avalen esta posición”. Además, “creo que la aplicación de la ordenanza actual es correcta, si bien siempre hay cosas por mejorar, se cumple por parte de los productores y el municipio, pero me parece importante que esta ordenanza actual se modifique contemplando mayores sanciones para quienes no la cumplan; eso sí es una posición concreta que puedo dar, en donde creo que tenemos que trabajar fuertemente por sobre las sanciones de quienes no cumplan la ordenanza vigente o la ordenanza que surja como resultado de todo un proceso que estamos llevando adelante”, explica Viotti.

“Basemos nuestras decisiones en evidencias y en encontrar equilibrios, con un sistema productivo y con una actividad que es muy importante no solo para nuestra región sino también para todo el país”, concluye el edil.