Rebaten cuatro argumentos que el Gobierno cita para la expropiación de Vicentin

Desde la Cámara de la Industria Aceitera y los Exportadores de Cereales, indican que no existen motivos para crear una “empresa testigo” porque ya existe una intervención del Estado a través de la presión impositiva y el régimen fiscal que ya tiene la cadena agroexportadora. “Si el Estado interviene en el mercado de granos, se generaría una fuerte distorsión”, sostiene Gustavo Idígoras, presidente de ambas cámaras.

En declaraciones al programa radial “Adn Rural”, el máximo directivo de los agroexportadores en el país, rebatió algunos de los argumentos que utiliza el Gobierno para avanzar en la expropiación de la cerealera Vicentin.

“Hay una situación objetiva: la empresa tiene una enorme deuda pero que está tratando de buscarle alternativas mediante un concurso preventivo, incluso con la autorización de la justicia para seguir operando y haciendo fasón con otras firmas, alquilando sus instalaciones, pagando los sueldos al día a sus empleados y con un interés manifiesto de parte de otros operadores para comprar sus activos”, enumeró Idígoras. “Por lo tanto, pensábamos que la había una solución económica a los problemas financieros de Vicentin”, opinó el presidente del CIARA – CEC.

LOS ARGUMENTOS

Para Idígoras, “está bien que el Estado tenga preocupación por el rescate de empresas de envergadura en el país pero existen otros mecanismos que permitan a otras empresas sumarse a una solución y eso es lo que perseguíamos todos nosotros”. Además, “la intervención del Estado siempre genera problemas y ruidos en el exterior; en esta última semana he recibido más de 10 llamadas de embajadas de Europa, Asia y los países de nuestra región, preguntando lógicamente qué es lo que estaba pasando, si esto se va a extender a otros casos, porque nosotros le vendemos a 100 países en todo el mundo y hay bancos internacionales que nos prestan más de 22.000 millones de dólares”.

1 – LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Según el presidente del CIARA CEC, “el argumento de la seguridad alimentaria no es real ni basado en las necesidades económicas de Argentina porque nosotros producimos más de 20 veces las necesidades de granos y más de ocho veces la necesidad de aceites comestibles que hay en el país”.

2 – LA CONCENTRACIÓN DEL NEGOCIO

“En Argentina existen 34 empresas exportadoras de cereales y oleaginosas, lo que indica que tenemos el menor nivel de concentración a nivel mundial en materia de exportación, con lo cual se cae uno de los argumentos que utilizó el Gobierno para justificar su proyecto”, contó Idígoras.

3 – LA EXTRANJERIZACIÓN DEL MERCADO

 “Argentina tiene empresas internacionales como Cargill que están desde 1947; o como Bunge desde 1898; Dreyfus desde 1949, que tienen conducción y gerenciamiento de argentinos de tres generaciones que se dedican a invertir cada día más en Argentina, que pueden ser consideradas tranquilamente como parte de la comunidad de empresas argentinas”, explicó el directivo. “Además, si comparamos con países como Brasil, Paraguay o Uruguay, según información oficial del propio Estado, Argentina tiene la mayor tasa de empresas nacionales del comercio de granos que están en el MERCOSUR”. Incluso el argumento de perder Vicentin a manos extranjeras, se contrapone a lo que comenta Idígoras: “había intereses económicos de compra de empresas internacionales, sí, pero también de firmas argentinas y también de cooperativas”.

4 – LA NECESIDAD DE UNA EMPRESA TESTIGO “Al querer crear una empresa testigo en el mercado, lo cual plantea ciertas dudas de cómo funciona el mercado, y la verdad que eso llama la atención porque nuestro mercado en Argentina está ultra regulado, con una unidad especial de la AFIP para monitoreo y fiscalización de los agroexportadores, la Aduana también tiene su control permanente, el SENASA también, cada vez que nosotros cargamos un barco tenemos que firmar un contrato, pedirle autorización al Estado y dejarlo registrado; pagamos impuestos en base a lo que el Estado dice que hay que pagar con un porcentaje fijo”, describió Idígoras. “El nivel de intervención que ya tiene el Estado argentino sobre el comercio de granos da la pauta que no se necesita contar con una empresa testigo”, definió el presidente de la CIARA-CEC.

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