En el salón Centenario de la Sociedad Rural de Rafaela se desarrolló un encuentro con productores para acercar detalles sobre “Políticas públicas para el sector productivo”.
Junto a la presidente de la SRR, Norma Bessone, estuvieron María Eugenia Carrizo, secretaria de Agroalimentos; el subsecretario de Pequeña y Mediana Industria e Innovación, Marcelo Comelli, del Ministerio de la Producción de Santa Fe; y Cristhian Alemán, gerente de la zona centro del Banco de la Nación Argentina.
La intención fue acercar elementos financieros disponibles para los productores de la región, pudiendo además de informar, intercambiar preguntas y resolver dudas sobre las herramientas que pueden colaborar con una mejor generación de recursos en la provincia de Santa Fe, en el centro-oeste particularmente.
En primer término, se enfocaron en productores que han sido afectados por la emergencia agropecuaria que fue declarada este año. Con 1.000 millones de pesos que aporta el Gobierno Nacional tiene por objetivo la recomposición del capital de trabajo con créditos a tasa cero sin interés y un año de gracia, para devolver en un año y hasta un millón de pesos por productor, donde se requiere certificado de emergencia.
Hay otra línea sin certificado requerido, para prevención de riesgo, que tiene relación con inversiones en las unidades productivas o inversión en maquinarias, con similares condiciones que la anterior y por un millón de pesos.
Finalmente, hay disponibles aportes no reintegrables, subsidios para la compra de árboles, con montos de hasta 150 mil pesos por productor, en relación a hectáreas y cabezas de ganado.
“Otro programa que estamos difundiendo fuertemente desde el Ministerio es Santa Fe Productiva y Sostenible, que apunta a la entrega de hasta cien mil pesos a quienes cumplan con acciones vinculadas a los sistemas sustentables, que agreguen valor a los sistemas productivos, que tengan seguros, plantaciones forestales, rotación de cultivos, fertilización de suelo, que trabajen con bienestar animal, entre otras cosas”, explicó la funcionaria.
Gestiones y accesos
Los productores pueden acceder a través de una plataforma digital, para obtener los beneficios y visibilizar las formas de trabajo. Además existe una Ley de Suelo, a través de la cual se puede presentar un plan de manejo, para la bonificación de un porcentaje del Impuesto Inmobiliario Rural.
Las líneas de financiamiento especiales en el marco de la emergencia se gestionan a través de las Asociaciones para el Desarrollo, mientras que el resto de la información se puede consultar en la web del Ministerio de la Producción.
Por su parte, Marcelo Comelli repasó las líneas vinculadas al Banco Nación y al Consejo Federal de Inversiones, sobre lo que también se manifestó Alemán. Hace un año Santa Fe firmó con el BNA un acuerdo para generar préstamos productivos por 26.500 millones de pesos para líneas de inversión a tasa subsidiada, de los cuales ya se monetizaron y emitieron más de 800 certificados por 17 mil millones.
“Hay una línea que es para inversiones, con cinco años de plazo con tasa fija en pesos, subsidiando durante los tres primeros años la tasa entre el tres y ocho por ciento. Se incluye a todo el proceso productivo, comercio y servicios”, explicó.
Comelli agregó que en “líneas de inversiones, son cinco años de plazo, tres años de subsidio de tasa y hasta seis meses de gracia para empezar a devolver el capital. Mientras que para capital de trabajo el plazo es de 18 meses, con un año de subsidio de tasa, sin período de gracia, que puede extenderse hasta 36 meses, según la garantía”.
Los interesados deben acercarse al Banco Nación, expresar la intención de inversión, se completa un anexo, eso pasa por el Ministerio de la Producción y se emite un certificado de elegibilidad para seguir la operatoria en el mismo banco.
Existe una diferencia para los productores agropecuarios micro y pequeños, que facturen hasta 174 millones de pesos anuales, también pueden acceder a la tasa de Resolución 750 (actualmente en el 35% que pueden quedar en 27% en pesos durante tres años), sin el perjuicio de elevar en dos puntos la tasa total, como sucede con el resto que tiene en su poder granos sin vender.
Según se conoció, en el Departamento Castellanos hay 74 solicitudes más, por 1.714 millones de pesos, de los cuales se monetizaron 47, mientras que 25 tienen el certificado hecho, con un promedio de 24 millones de pesos, en su amplia mayoría para inversión.
