La emblemática fábrica de productos Ilolay, con sede en Bella Italia y Rafaela, intenta evitar un estrés financiero, producto de un crédito de inversión que oportunamente asumió para mejorar su performance. El escenario económico y las complejidades de la Pandemia complicaron todo.
Por Gustavo Gigena (Redacción Nuestro Agro)
En 2018 Williner invirtió 16 millones de dólares para impulsar sus productos Ilolay, acordando en ese momento con los bancos una financiación de mediano plazo al 10% total, apostando a la baja de tasas que prometía la economía del momento.
Sin embargo, las vicisitudes de la economía doméstica hicieron que las tasas treparan al 80% repentinamente, lo que motivó el incremento fuertemente el costo financiero por deuda. En principio, esta situación parecía compensarse con los buenos resultados obtenidos a causa de las inversiones realizadas. Dichas inversiones se destinaron a duplicar la producción de yogures, la de queso rallado y untable, y a incrementar un 60% la producción de leche larga vida (UAT), al tiempo que se automatizaron varias líneas que mejoraron la performance general de la industria.
Así se transitó durante todo 2018 y 2019, hasta enero de 2020, momento en que el nuevo Gobierno pisó los precios al público mientras los costos continuaron subiendo. Al congelarse las listas de precios, la compañía comenzó a perder rentabilidad y esto derivó en un mayor costo financiero.
Aparentemente, la situación fue manejable hasta el pasado mes de agosto, cuando a Ilolay no le quedó otra que buscar refinanciar su deuda para evitar una situación de estrés y una eventual cesación de pago al crédito. La deuda en cuestión asciende a 1.600 millones de pesos, lo que equivale a poco menos de un mes de facturación de la empresa ($1.750 millones promedio).
Varios factores fueron complicando el escenario, a raíz de la falta de resultados operativos positivos, principalmente el congelamiento de precios en los principales productos de venta y el aumento de costos atados a la inflación (insumos, dotación y costos fijos de estructura), que no lograron ser compensados por el incremento de ventas que tuvo la marca en estos últimos ocho meses, Pandemia mediante.
En este sentido, la compañía se vio obligada en septiembre a contratar a la consultora Finanzas & Gestión para sindicarla a renegociar con los bancos la deuda actual, al menos a cinco años, y así bajar el costo financiero mensual.
Dado que en más de 90 años de trayectoria la conducta bancaria de Williner fue ejemplar, lo que le permitió tomar esta última deuda sin caución, ahora la compañía ofrece poner la planta principal como garantía para avalar la refinanciación que necesita. En este punto, trascendió que desde la empresa notan que algunos de los bancos son reticentes y no están a la altura de las circunstancias que exige el momento. Sin embargo, apuestan a que lograrán el propósito de la refinanciación para oxigenar las financias de la compañía y evitar la cesación de pagos con las entidades financieras.
Fuentes confiables de Ilolay aseguraron a Nuestro Agro que se trata de un inconveniente financiero “manejable” que no pone en riesgo la sostenibilidad de la compañía, si bien no deja de ser un indicio contundente de los tiempos que corren para las pymes y empresas productivas. En efecto, y para despejar fantasmas, la empresa afirma que el pago de la leche a los productores y el salario a los trabajadores “están absolutamente garantizados”.
EL COSTO POR COVID
La Pandemia ha aportado una complicación extra al funcionamiento de las empresas en los últimos meses; por un lado al ser considerado un sector “esencial” pudo seguir trabajando casi normalmente respecto a otros rubros de la producción, pero con una particularidad no menor que es el costo de trabajar con protocolos y procesos muy estrictos que, en el caso de Ilolay cuestan 25 millones de pesos por mes, entre materiales extras de prevención, readaptación de instalaciones y personal licenciado por diversas razones relacionadas al COVID-19, lo que equivale a un 1,5% del resultado mensual de la empresa.
En la actualidad, esta compañía tiene 140 empleados que no están asistiendo a sus puestos de trabajo por diversos tipos de licencia o condición preventiva, lo que obliga a la empresa a buscar personal eventual de reemplazo.
UN PROBLEMA GENERALIZADO
Según trasciende de la consulta a otras empresas lácteas de la región, el principal inconveniente en el desbalance de sus cuentas es que el Gobierno sólo les autorizó desde enero un 3% de aumento en los precios de salida de fábrica, mientras que el costo operativo se incrementó en el orden del 30%, lo cual está empujando a gran parte de las compañías más importantes a una eventual situación de estrés financiero.
Ejemplo de ello es el Resultado de la Cadena de Valor de Agosto que arrojó una pérdida de $ 1.214 millones, de los cuales $ 812 millones corresponde al deterioro del sector industrial, según datos del Observatorio OCLA.
Claramente la inflación socavó el resultado operativo de las usinas, ya que el índice interanual se ubica en más del 40% y los precios de salida de fábrica aumentaron sólo un 24%, dato que refrenda este crítico escenario sectorial.
