La nueva conducción del gremio de los trabajadores rurales, claramente diferenciada del perfil conciliador que históricamente le imprimió el ya fallecido Gerónimo “Momo” Venegas, pretende apartar a la Mesa de Enlace en la dirección bipartita del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empresarios, porque aducen que a casi dos décadas de su formación, no se ha podido avanzar en la registración legal de 500.000 trabajadores que continúan en situación ilegal dentro de los campos.
Para ello, piden que los representantes de los productores (FAA, CRA, CONINAGRO y SRA) se aparten de la entidad de registro porque existe un “natural conflicto de intereses entre el sector patronal y el sector obrero”.
En un elocuente comentario editorial en contra de los empleadores, el gremio volcó su opinión a través de su secretario general José Voytenco, en donde se pide a los legisladores que “para poder terminar en un plazo cierto con el trabajo no registrado, y por lo tanto ilegal, en el sector agropecuario, el poder de policía del trabajo debe dejar de estar compartido entre la UATRE y las entidades empresarias”.
En este sentido, solicitarán como “imprescindible la actuación de los legisladores nacionales para modificar la Ley y hacer del RENATRE una institución fuerte y con las herramientas necesarias para concretar la misión para la cual fue creado”.
Como se advierte claramente, la posición de la actual UATRE ya no desea una relación de convivencia amistosa con las cuatro entidades, tal como la que tuvo en las últimas décadas bajo otras conducciones. “En la gran tarea de poner fin a la explotación laboral, la trata de personas y el trabajo infantil en el sector agropecuario, tenemos que ser los trabajadores, en conjunto con los organismos pertinentes del Estado, los que aseguremos llegar al fondo de esta cuestión, para concretar como realidad efectiva que todo el peso de la Ley caiga sobre los delincuentes explotadores y negreros”.
EL COMUNICADO
“CONFLICTO DE INTERESES”
Por José Voytenco,
Secretario General de la UATRE (*) y Presidente del RENATRE (**)
Este año estamos transitando el Centenario de los Mártires de la Patagonia Rebelde, cuando miles de trabajadores rurales fueron masacrados por cometer el delito de luchar por su dignidad. Ha pasado un siglo de aquella vergüenza nacional, pero ¿se puede afirmar que ya no existen vestigios en nuestro campo de desprecio por los humildes que ponen el cuerpo para generar la producción que enorgullece al país? ¿Ya no hay más condiciones indignas de vivienda para los que trabajan ni hambre para sus hijos? ¿Acaso se cumplen en nuestro sector agropecuario los valores de respeto por los derechos humanos consagrados universalmente? ¿Cambió mucho la realidad laboral de la mayoría de los trabajadores rurales después de un siglo?
Existen en la actualidad alrededor de 350 mil trabajadores y trabajadoras rurales registrados, pero no menos de 500 mil todavía trabajan sin estar registrados, sin aportes a la Seguridad Social, sin cobertura de salud ni aportes al sistema previsional, muchos de ellos padeciendo situaciones de explotación laboral o trata de personas, a los que hay que sumar un número aún indeterminado de niños y niñas que trabajan en el campo cuando tendrían que estar jugando y educándose. La Ley 25.191 que estableció la obligatoriedad de la Libreta del Trabajador Rural y creó el RENATRE entró en vigencia efectiva el 8 de marzo de 2002.
Casi dos décadas después, los resultados no se compadecen con los altos objetivos que le dieron origen a esta institución. Es decir, en todos estos años se produjeron muchos e innegables logros, pero, sin embargo, el problema de fondo no fue solucionado. ¿Cuáles pueden ser los motivos? Para nosotros, hay un motivo principal y es el natural conflicto de intereses entre el sector patronal y el sector obrero.
La creación del RENATRE fue fruto de la lucha sindical y política de la UATRE durante más de una década para lograr la sanción de la ley correspondiente.
Fue nuestra organización la que propuso y defendió el texto, incluyendo a las entidades representativas de los empresarios compartiendo el Directorio de la entidad y asumiendo alternativamente con el gremio su presidencia. Lo hicimos porque entendemos que los trabajadores rurales necesitamos más y mejores emprendimientos, más y mejores puestos de trabajo, y para eso tenemos que trabajar mancomunadamente con el sector patronal. Así nació la consigna “Somos el Campo”, reuniendo en una sola voluntad a todos los actores involucrados para proponer políticas de estado y para defender al sector. Pero cuando pasamos a la gran tarea de la registración laboral o, dicho claramente, a la lucha contra el trabajo no registrado y la explotación laboral, ahí ha aparecido siempre el conflicto de interés.
Es casi una obviedad recordar la fábula del zorro en el gallinero, pero lo cierto es que los patrones no son zorros y los trabajadores no somos gallinas, lo que sí es cierto y concreto es que la vocación por terminar definitivamente con la situación de indignidad de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras rurales está en el pensamiento y en la acción de la UATRE, entidad gremial que los representa, y no en las entidades que representan a los patrones.
Para poder terminar en un plazo cierto con el trabajo no registrado, y por lo tanto ilegal, en el sector agropecuario, el poder de policía del trabajo debe dejar de estar compartido entre la UATRE y las entidades empresarias. Por eso es imprescindible la actuación de los legisladores nacionales para modificar la Ley y hacer del RENATRE una institución fuerte y con las herramientas necesarias para concretar la misión para la cual fue creado.
Se necesitan medidas de fondo, drásticas y rápidas, para contar con el poder necesario para inspeccionar todos los establecimientos rurales, a lo largo y a lo ancho de nuestro dilatado territorio, y asegurar el cumplimiento estricto de la legislación laboral.
No podemos pasar por alto que la cerrada e irracional negativa al bono de fin de año de 15 mil pesos solicitado por la UATRE haya dejado en claro la existencia de una posición profundamente anti obrera de buena parte de la corporación empresarial, posición que no se sustenta tanto en criterios o intereses económicos, sino que evidentemente se apoya en concepciones políticas o ideológicas que, en pleno siglo XXI, en última instancia pretenden justificar las indignas condiciones de vida de miles de familias trabajadoras, la explotación laboral, el trabajo infantil y la trata de personas.
Por otra parte, la existencia de productores rurales que cumplen con la ley, respetan las obligaciones laborales que les competen y al mismo tiempo son exitosos en sus empresas, da por tierra cualquier argumento falaz en el que intentan refugiarse los explotadores y negreros cuando afirman que “si tengo que tener todo en blanco no me cierran los números”. Si no les cierran los números es porque no son buenos empresarios, y pretenden manejar sus campos al estilo “patrones de estancia”, manejando sus dominios como si estuvieran viviendo en el feudalismo medioeval.
Seguimos creyendo en la necesidad del trabajo mancomunado entre el sector obrero, el empresariado y el estado para generar políticas públicas que permitan un auténtico desarrollo de este sector estratégico de nuestra economía y que tiene un enorme potencial.
Pero en la gran tarea de poner fin a la explotación laboral, la trata de personas y el trabajo infantil en el sector agropecuario, tenemos que ser los trabajadores, en conjunto con los organismos pertinentes del estado, los que aseguremos llegar al fondo de esta cuestión, para concretar como realidad efectiva que todo el peso de la Ley caiga sobre los delincuentes explotadores y negreros, cuya existencia es una vergüenza nacional que no merece nuestro sector y que no podemos ni debemos seguir soportando.
